Breaking news: Suspenden la Ley de Transparencia Corporativa y el reporte BOI

No va más el BOI! Un tribunal federal ha ordenado una medida cautelar a escala nacional que paraliza la aplicación de una ley que obliga a presentar al gobierno federal información sobre la propiedad de empresas privadas.

La Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA) exige a determinadas entidades, entre ellas muchas explotaciones agrícolas y otras pequeñas empresas, que comuniquen información sobre la propiedad a la Red para la Represión de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). La CTA se aprobó originalmente para combatir el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado, a través de numerosas acciones, entre ellas la presentación de información sobre la propiedad beneficiaria (Beneficial Ownership Information, BOI) a la FinCEN.

La medida cautelar fue ordenada por el Tribunal de Distrito de EE.UU. en el Distrito Este de Texas. La decisión del tribunal se basó en su evaluación de que la CTA y la Reporting Rule probablemente violan las protecciones constitucionales y probablemente están «fuera del poder del Congreso».

«Esto también ayuda a evitar que miles de personas inocentes se vean afectadas por las posibles sanciones civiles y penales por simplemente no cumplir debido a la confusión causada por los requisitos».

Todas las empresas sujetas a los requisitos de información de la CTA están ahora exentas de presentar informes sobre beneficiarios reales hasta nuevo aviso. Sin embargo, es probable que la FinCEN recurra la decisión, lo que podría modificar los requisitos. Se anima a quienes cumplan los requisitos de la FinCEN a que sigan vigilando la evolución de la situación y pidan orientación a asesores de confianza para determinar su cumplimiento.

Por ahora se abre una ventana de tiempo para mejorar algunos aspectos negativos que traía la implementación de este requerimiento especialmente sobre los pequeños negocios, pues muchos de ellos no estaban preparados para asumir la regulación: Desconocían los requisitos de la CTA, o se les hacía confusa ya que no estaba publicada en otros idiomas diferentes al inglés. Adicionalmente, algunos proveedores cobraban tarifas excesivas para diligenciar el BOI, lo cual afecta la liquidez de los pequeños negocios de menos de 20 empleados, para los cuales este tipo de requerimientos legales y técnicos pueden ser caros, complejos e inducir a un riesgo legal.